¿Dónde se fue la capacidad de diálogo?

A partir de la recuperación de la democracia, luego de la oscuridad que se produjo durante los 21 años de dictadura militar, los gobiernos sucesivos se empeñaron en recuperar la capacidad de diálogo entre los panameños. Con la asesoría y el apoyo del PNUD y la participación activa  de los partidos políticos, de las organizaciones de la Sociedad Civil y del Gobierno Nacional, y luego de un amplio proceso de diálogo y concertación, se dio a conocer en 1998 el documento titulado Visión Nacional 2020.

En la presentación del documento quedó establecido que “el objetivo central ha sido definir una imagen-objetivo del país en el año 2020 en forma democrática y tomando en cuenta las diferentes opiniones de la sociedad panameña y respetando el libre juego de los partidos políticos. El documento establece la visión del Panamá del 2020; las metas y objetivos operacionales que deben irse cumpliendo en el tiempo; y, crea un mecanismo de monitoreo, que consiste en la elaboración periódica de un informe sobre el Estado de la Nación, para poder establecer los avances que se vayan dando en los próximos años”.

Hoy que han pasado algo más de doce años desde octubre de 1998 y faltan menos de nueve para llegar al año 2020, sería ideal revisar si en realidad hemos avanzado en materia de lograr las metas que nos habíamos trazado y el país que aspirábamos a ser.

Revisemos algunas de las metas trazadas entonces:

Meta: Desarrollo de la participación ciudadana.

Objetivos Operacionales:

• Fortalecimiento de las instancias y mecanismos para la intervención ciudadana en las decisiones y acciones del devenir nacional.
• Robustecimiento de la libertad de prensa y de expresión.
• Consolidación de la separación e independencia efectiva de los poderes del Estado.

Una revisión somera de estos tres objetivos al día de hoy, nos revela que en ninguno de los tres hemos avanzado significativamente. Hay quienes afirman que por el contrario, en todos hemos retrocedido.

Los más conspicuos voceros de la actual administración han manifestado de manera pública en diversas ocasiones, que consideran la intervención ciudadana en las acciones y decisiones del devenir nacional, una especie de co-gobierno que no están dispuestos a tolerar.

La situación de las libertades de prensa y expresión, a pesar de los avances en materia legislativa logrados a partir del año 2002, suele ser precaria y recibe amenazas constantes por parte de políticos que ven amenazado su modus vivendi, con las acciones de escrutinio que ejerce el periodismo crítico e independiente.

Ni qué decir de la inexistente independencia entre los Órganos de los poderes del Estado. La Asamblea Nacional no ejerce ninguna de las facultades de fiscalización a las que está llamada por la Constitución. El Órgano Judicial adolece de la mínima legitimidad social, pues la designación de los magistrados suele hacerse al margen de la capacidad e integridad de los seleccionados por el Ejecutivo, y el criterio que viene imperando, para desventura de la justicia, es el de cercanía y amiguismo o favoritismo.

Por estos días en que la jerarquía eclesiástica está haciendo llamados al diálogo en el tema de la explotación de la minería, bien valdría la pena recapacitar sobre a dónde fue nuestra capacidad de diálogo, esa que afloró en mayo de 1998 y que permitió ponernos de acuerdo, así fuera en el papel, sobre el país que queríamos tener en al año 2020.